Mérida, Yucatán, 28 de mayo 2023.- Importantes comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Q...
Mérida, Yucatán, 28 de mayo 2023.- Importantes comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, han logrado una victoria en su lucha contra las afectaciones ambientales ocasionadas por el polémico proyecto conocido como Tren Maya.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ha otorgado una suspensión definitiva que busca frenar cualquier actividad de tala o desmonte en los tramos 3 (Calkiní - Izamal), 4 (Izamal - Cancún), 5 Norte (Cancún - Playa del Carmen) y 6 (Tulum - Chetumal) del ambicioso proyecto ferroviario. Esto implica que se prohíbe la remoción de la valiosa vegetación forestal en áreas que carecen de las debidas autorizaciones para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El Juzgado ha reconocido el legítimo interés de las partes demandantes al presentar pruebas contundentes de su estrecha vinculación con las comunidades potencialmente afectadas por los cambios en el uso de suelo, así como su dependencia de los valiosos servicios ambientales que ofrece el ecosistema amenazado.
Asimismo, el Juzgado ha respaldado el argumento planteado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el sentido de que las autorizaciones provisionales emitidas en el marco del Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no pueden sustituir las autorizaciones que exigen previamente un análisis técnico y científico detallado. La ausencia de dichas autorizaciones pone en peligro el ecosistema en el cual se pretende llevar a cabo el proyecto, ya que permitiría el inicio de las labores sin un pleno conocimiento de las posibles repercusiones y daños que podrían ser irreparables para el entorno natural.
Este importante logro legal es un claro llamado al Poder Judicial para que mantenga y haga cumplir la suspensión definitiva, garantizando así el respeto de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Al mismo tiempo, se hace un urgente llamado a las autoridades judiciales para que actúen con diligencia y prontitud en este caso, ya que hasta ahora las autoridades responsables no han acatado las decisiones emitidas en suspensiones previas.
Esperamos que esta suspensión definitiva sea el primer paso hacia una mayor protección ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades involucradas. La preservación de nuestros valiosos ecosistemas y el bienestar de las comunidades debe ser una prioridad en el desarrollo de proyectos de esta envergadura.
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